A finales de octubre de 1937 cayó el último reducto del Frente Popular en el norte de España. Asturias se había derrumbado tras la ofensiva franquista y los soldados republicanos que no habían sido hechos prisioneros o habían escapado por mar intentaban ponerse a salvo de todas las maneras posibles. Algunos se echaron al monte y combatieron a los sublevados hasta el final de la Guerra Civil formando partidas de guerrilleros. Otros intentaron llegar a Portugal, emprendiendo un viaje casi imposible y muy arriesgado. Esto fue lo que hizo el personaje del que nos vamos a ocupar en la presente investigación. Un madrileño cuya historia merece ser contada.

Aunque había nacido en Madrid, el oficial de Correos José Huertos Rodrigo estaba destinado en Oviedo el 18 de julio de 1936. Había llegado hasta la capital del Principado para estar cerca de una de sus hermanas que vivía allí y a la que estaba muy unido. A sus 30 años, nuestro hombre llevaba un tercio de su vida trabajando como «funcionario de Correos» después de aprobar las oposiciones en 1926. Tras pasar por varios destinos en Madrid y aprobar una promoción interna para ascender a oficial, finalmente, en abril de 1936 pidió el traslado a Oviedo para trabajar en las oficinas centrales. Se instaló en una casa de huéspedes situada en la calle Álvarez de Lorenzana número 7 donde también se encontraban alojados otros funcionarios del Estado.

Tras el triunfo de la sublevación militar en Oviedo, José Huertos se preocupó considerablemente puesto que formaba parte del Sindicato de Correos que estaba adscrito a la UGT. Este hecho propició su detención a finales de julio de 1936. Un grupo de guardias civiles mandados por un sargento le arrestó junto a otros funcionarios en la casa de huéspedes donde se alojaba. Fue trasladado hasta el Gobierno Civil donde prestó declaración ante un comisario de Policía y después fue encerrado en la cárcel correccional, también llamada Modelo. Los otros funcionarios que también fueron encarcelados se llamaban: Julio Barbero, Manuel González, Julio Armesto y Manuel Álvarez, este último estaba empleado en la fábrica de armas.

En una cárcel franquista

En esta prisión ovetense, situada en el barrio Ciudad Naranco, solo estuvo doce días. A mediados de agosto fue puesto en libertad, reincorporándose al trabajo en las dependencias centrales de Correos. Allí permaneció varios días con cierta tranquilidad. Su trabajo como «oficial coordinador» solo se veía alterado por los bombardeos republicanos y por las inspecciones que realizaba un capitán del Ejército que en ocasiones realizaba controles exhaustivos de la correspondencia.

Después de que los republicanos se hicieran con el control total de Gijón a finales de agosto de 1936, el cerco sobre Oviedo se hizo más intenso. En el interior de la ciudad se suspendieron todos los servicios «no esenciales» entre ellos el de Correos por lo que José Huertos se vio obligado a frenar de golpe su actividad laboral. Ya en octubre, las fuerzas sublevadas intentaron militarizar a casi todos los hombres residentes en Oviedo que estaban en edad de combatir. Nuestro protagonista hubiera sido militarizado por los alzados de no haberse marchado al barrio de la Estación del Cantábrico donde vivía un «cartero conocido suyo» que tenía ideas republicanas.

Coincidiendo con un ataque republicano a este barrio por parte de un batallón de mineros, Huertos y su amigo el cartero consiguieron abandonar territorio sublevado para ponerse al servicio de la República. Los dos estuvieron a punto de morir, primero en el fuego cruzado entre los dos bandos y después al ser confundidos por soldados «enemigos» por una avanzadilla minera. Tras ser interrogado y después de comprobar su «lealtad hacia la República», le ordenaron que se presentara en Gijón lo antes posible. Tendría que acudir al cuartel general de la Brigada de Martínez Dutor, un socialista que había sido sargento del Ejército en las guerras de África y que antes de la Guerra Civil había trabajado como empleado de la diputación.

Movilizado por la República

Una vez en esta brigada fue militarizado inmediatamente y nombrado teniente de milicias dado que sabía leer y escribir a la perfección. Le ordenaron que coordinara los servicios postales y de enlace de esta unidad y eso hizo hasta que los combates en los alrededores de Oviedo se estabilizaron. Tras un breve paso por Lugones, fue enviado al Gobierno Militar de Gijón para trabajar durante dos meses en la «sección de planos de campaña» a las órdenes de un oficial topógrafo.

En el mes de enero de 1937, nuestro oficial de Correos se encontró en plena calle de Gijón con un viejo amigo del barrio de Chamberí en Madrid donde vivía antes de trasladarse a Asturias. Ambos se sorprendieron al verse vistiendo uniformes del Ejército republicano pues nunca antes de la Guerra Civil habían mostrado el más mínimo interés por la vida militar. Este amigo se llamaba Ramón Fernández Riesgo, era ingeniero agrónomo y el estallido de la contienda le había sorprendido en Asturias accidentalmente ya que estaba pasando allí sus vacaciones de verano. Unos meses más tarde, los dos viejos amigos volverían a coincidir para emprender juntos el viaje más complicado de sus vidas, pero no adelantemos acontecimientos.

En abril de 1937, Huertos volvió a cambiar de destino, pero ya en calidad de capitán de milicias pues había sido ascendido por su trabajo en el Gobierno Militar. En esta ocasión le mandaron hasta la Comandancia Militar de Agüera de Grado para enrolarse en el batallón de Infantería 248, conocido con el nombre de Álvarez del Vayo. Su jefe era un carismático minero de la cuenca del Aller llamado Víctor Muñiz Díaz cuyo aspecto era inconfundible en primera línea de frente: siempre llevaba consigo una boina de color negro y un robusto cayado de madera.

Poco después de su llegada a Grado, el batallón donde estaba enrolado nuestro protagonista recibió la visita de un afamado periodista de Madrid. Se llamaba Antonio Soto, era amigo de Chaves Nogales y Arturo Barea y trabajaba como cronista de guerra para el periódico Ahora. Su diario le había enviado hasta el frente norte para informar de lo que allí estaba ocurriendo, pero desde un punto de vista más humano. Iba acompañado en todo momento por el escritor e intelectual comunista César Arconada, que se convirtió en una especie de guía por el frente asturiano. El servicio de prensa y propaganda de la República obligó al batallón de Huertos a ponerse a disposición de Soto y Arconada y colaborar con ellos mientras estuvieran en la cuenca del Aller.

Protagonista en la prensa

Hemos averiguado que Soto y Huertos hicieron buenas migas desde el principio. Los dos congeniaron no solo por su vínculo madrileño sino también por la pasión que sentían ambos por la literatura. El clima entre los dos fue tan distendido que el periodista decidió sacarle en la portada de su periódico el 10 de abril de 1937. En ella se aprecia una fotografía a gran tamaño de nuestro protagonista subido a caballo que decía: «Hombres del frente de Oviedo: José Huertos, el madrileño oficial de Correos que se escapó de Oviedo para ser oficial de las trincheras de la libertad». En páginas interiores, Huertos vuelve a aparecer junto a otros oficiales de su batallón, luciendo un gorro cuartelero, un abrigo largo para combatir las inclemencias del tiempo, unos prismáticos y lo que parece ser la funda de una pistola.

La aparición de Huertos en la prensa de la época fue una mera anécdota. Cuando Soto y Arconada se marcharon del frente de Grado, nuestro hombre volvió a la cruda realidad de la Guerra Civil en Asturias: ataques enemigos, repliegues, bombardeos, hambre, frío…Permaneció en aquel destino hasta que en agosto de 1937 fue enviado a Gijón para formar parte de la reorganización del batallón Máximo Gorki que lucharía hasta casi el final de la contienda en los puertos de Pajares y Tarna.

Cuando se produjo la caída del frente norte y la ofensiva final de los franquistas sobre Asturias, nuestro protagonista se trasladó a Gijón. Sabía que la guerra estaba perdida y al igual que otros efectivos del batallón Gorki, optó por abandonar el frente y trasladarse a una gran urbe donde pensaba que pasaría desapercibido. En Gijón comprobó en primera persona que muchos de los mandos militares estaban intentando huir por mar rumbo a Francia tal y como sucedió con el coronel Prada y sus dos hijos de los que escribimos meses atrás un artículo de investigación en nuestro blog. No solo los altos oficiales del Ejército trataban de escapar, también lo hicieron los miembros del Consejo Soberano de Asturias y León y los principales políticos asturianos del PSOE y PCE.

La huida de Asturias

Como era de esperar, el capitán Huertos no pudo ser evacuado a Francia por mar. Al fin y al cabo él era un simple oficial de complemento cuyo traslado no era prioritario. Los últimos barcos salieron del puerto de Gijón durante la mañana del 20 de octubre de 1937 y solo pudieron embarcar en ellos las personalidades republicanas más destacadas cuya vida podía correr peligro con la entrada en la ciudad de los sublevados. En el puerto gijonés fue testigo de un espectáculo dantesco: cientos de personas intentaban llegar a los barcos a la desesperada mientras decenas de naves habían quedado inutilizadas por los bombardeos de la aviación franquista.

Estuvo vagando por Gijón varias horas sabedor de que la Guerra Civil en Asturias estaba tocando su fin. En una calle céntrica se encontró con su amigo, el también madrileño Ramón Fernández que lucía un uniforme de oficial del 230 batallón de infantería. Tras una breve charla, los dos tomaron una decisión que marcaría para siempre sus vidas: intentar huir antes de la llegada de los franquistas. No fueron los únicos. Centenares de soldados republicanos y milicianos se echaron al monte para evitar ser capturados y juzgados por el «enemigo». Algunos de ellos se atreverían a continuar su particular guerra formando parte de grupos de guerrilleros o maquis. No fue el caso de nuestro hombre y su amigo.

Lo que pretendían Huertos y Ramón era trasladarse a Portugal y, una vez allí, conseguir regresar a territorio de la República, en concreto a su ciudad natal, Madrid donde residía el grueso de su familia. El plan era terriblemente arriesgado ya que para llegar a territorio portugués tendrían que atravesar un frente que se estaba descomponiendo por momentos y adentrarse varios kilómetros en la retaguardia franquista. Lo primero que hicieron fue coger un camión de milicianos que iba hacia el interior de Asturias para alejarse lo máximo posible de las tropas sublevadas que preparaban su asalto final.

Nuestro protagonista y su amigo recorrieron en ese camión varios kilómetros por la carretera que iba hacia la localidad de Belmonte. En un momento dado decidieron bajarse y trasladarse a pie hasta las inmediaciones de Cangas del Narcea, localidad que se encontraba relativamente cerca de la provincia de León donde iniciarían una ruta muy peligrosa hacia Portugal. Aprovechando la oscuridad de la noche caminaron varios kilómetros en pleno monte para alejarse lo máximo posible de las poblaciones que ya estaban en poder de los nacionales. Aquellos bosques estaban repletos de milicianos republicanos que, al igual que ellos, trataban de ponerse a salvo escapando de Asturias.

La unión hace la fuerza

En la noche del 21 de octubre, José Huertos y Ramón Fernández se unieron en mitad del monte a un grupo de seis soldados de la República que trataban de entrar en calor alrededor de una pequeña fogata. Aquellos seis hombres no sabían muy bien qué iban a hacer con su futuro, solo tenían claro que no querían caer en manos de los sublevados. Nuestro oficial de Correos les expuso brevemente el plan que había trazado junto a su amigo que consistía en intentar llegar frontera de Portugal para después regresar a Madrid.

Para la sorpresa de Huertos, aquellos seis milicianos decidieron acompañarles en su peligroso viaje hacia territorio luso. Al fin y al cabo, ocho hombres armados tenían más opciones de protegerse del «enemigo» que dos. A la mañana siguiente partirían hacia la sierra de Cabrera y desde allí emprenderían el viaje hacia Zamora donde intentarían llegar a Portugal.

La identidad de los compañeros de viaje de Huertos y Ramón Fernández era la siguiente:

Julio Suárez Rodríguez, de 32 años, originario de Mieres. Se enroló en el batallón 255 a las órdenes del comandante Marañón y combatió en el frente de Somiedo. Ostentó el cargo e capitán de milicias.

• José Gómez Díaz, de 25 años y natural de Granollers. Al estallar la Guerra Civil residía en Bárcena de Álava donde trabajaba como escribiente. Se pasó hospitalizado gran parte de la contienda por enfermedades comunes, aunque al final fue militarizado por los republicanos.
• José Barredo González, de 25 años y natural de Villablino. Este minero de profesión formaba parte del batallón número 1 de Intendencia.
• Andrés Martín San Cecilio, de 25 años y natural de Rioseco (Valladolid). Este fundidor llevaba solo quince días en Santander cuando estalló la guerra procedente de Sagunto donde residía su familia. Ocupó el cargo de «comisario político» en los tribunales populares de Gijón.
• Manuel Calvo Calvo, de 26 años, nacido en Buenos Aires. Panadero de profesión, residía en el pueblo de Cardés donde fue movilizado al estallar la guerra. Fue destinado a la intendencia militar.
• José Rodríguez Rodríguez, de 28 años y natural de Boo. Este minero de profesión luchó en el batalló que se creó en su localidad, principalmente en el frente de Grado. Ocupó el rango de comandante del Batallón Maximo Gorky.

Los ocho huidos empezaron su peligroso camino hacia la frontera portuguesa ese mañana del 21 de octubre de 1937. Algunos iban armados hasta los dientes. José Huertos, por ejemplo, llevaba una pistola Astra, con munición del calibre del nueve largo, y un cargador. Su arma, con número de registro 13.217, llevaba el emblema de los Carabineros. El resto de fugitivos llevaban las siguientes armas: una pistola Star (José Gómez); una pistola Astra niquelada (José Barredo); una pistola ametralladora del calibre 7/63 con siete cargadores (Andrés Martín); pistola ametralladora Mauser y tres bombas de mano (Manuel Calvo); pistola Star del nueve corto (Julio Suárez); fusil ametrallador con una inscripción que ponía arsenal tallín número 217 y dos granadas (José Rodríguez).

Durante más de quince días recorrieron los montes de León y Zamora haciendo largas marchas y padeciendo unas condiciones atmosféricas bastante duras. Normalmente dormían al raso, aunque en ocasiones descansaban en cabañas de pastores. Comían lo que podían y hacían fuego para calentarse cuando no quedaba más remedio para evitar ser detectados por las autoridades franquistas. En plena retaguardia «enemiga», en la sierra de Cabrera, se unieron al grupo dos labradores leoneses que se habían echado al monte al inicio de la Guerra Civil para evitar ser militarizados por el bando sublevado. Sus nombres eran Santiago del Valle Canal (27 años, natural de Forna) y Adolfo Blanco Rodríguez (26 años, natural de Sigueya). Desde julio del 36, ambos vivían en una choza para pastores cerca de Forna, alimentándose de la caza y de las discretas incursiones que hacían en plena madrugada a su pueblo para conseguir víveres de manos de sus familiares.

Lo cierto es que los dos labradores se llevaron un susto terrible cuando su cabaña fue asaltada por los ocho milicianos que escapaban de Asturias. Los huidos les dijeron que no querían hacerles daño puesto que solo necesitaban refugio y alimentos para poder seguir su camino hacia Portugal. Huertos les explicó en qué consistía el plan que había trazado y les propuso incorporarse a su grupo aprovechando el conocimiento que tenían del terreno. Los dos aceptaron y pusieron a disposición de los fugados las dos escopetas de caza que tenían: una de la marca ‘perdiz’ de dos cañones y otra ‘terrible’, ambas del calibre 16.

Muy cerca del sueño portugués

Desde los montes de Forna, los evadidos se introdujeron de lleno en la provincia de Zamora. Pernoctaron en las cercanías de Porto, un pequeño pueblo zamorano que estaba a unos cincuenta kilómetros de Portugal, y al día siguiente continuaron su ruta hacia el país vecino. Siempre aliándose con la noche para evitar ser detectados por la Guardia Civil, el grupo llegó hasta San Martín de Castañeda durante la tarde del 7 de noviembre de 1937. Estaban a veinte kilómetros de Portugal. En este precioso pueblo situado en la comarca de Sanabria, Unamuno se inspiró para escribir la novela ‘San Manuel Bueno Mártir».

Muertos de hambre y exhaustos de cansancio (llevaban casi veinte días en el monte), los fugitivos se encontraron en las afueras de San Martín de Castañeda con un ganadero que regresaba a su casa tras una larga jornada al cuidado de sus vacas. Eran las 20.00 horas. Al ser sorprendidos por este hombre (cuyo nombre era Máximo López Román), le «conminaron» a que les diera algo de cena y les alojara en una vivienda segura para pasar la noche. En caso de mostrarse colaborador le «compensarían» y en caso contrario tendría que atenerse a las consecuencias. Máximo se vio obligado a llevar a los republicanos hasta la casa de su cuñada donde les dio de comer pan, huevos y algo de chorizo. Mientras los huidos cenaban, de manera discreta salió de la vivienda para comunicarse con su hermano Andrés que vivía justo al lado e informarle de lo que estaba pasando. Se da la circunstancia de que Andrés ostentaba, por entonces, el cargo de alcalde del pueblo y responsable local de Falange. Sin pensárselo un instante, el alcalde se marchó apresuradamente hasta el cuartel de la Guardia Civil más cercano que estaba situado en Puebla de Sanabria. Allí dio cuenta a las autoridades de lo que estaba pasando.

Mientras esto sucedía, los evadidos seguían cenando con cierta tranquilidad en San Martín de Castañeda sin imaginar lo que se les venía encima. En un momento de tranquilidad, José Huertos le preguntó a Máximo a cuantos kilómetros estaba la frontera con Portugal y la distancia del cuartel de la Guardia Civil más próximo. Tras responder a sus preguntas, el ganadero les sugirió que pasaran la noche en un pajar de su familia que estaba situado en las afueras del pueblo, ya que sería más seguro para ellos puesto que estarían menos visibles que en casa de su cuñada. Los republicanos aceptaron y le dijeron que le retribuirían con 300 pesetas al día siguiente si les traía víveres para afrontar el viaje y una botella de aguardiente. Máximo les hizo creer que regresaría por la mañana, pero lo cierto es que nunca más volvieron a verle.

El alférez de la Guardia Civil, Jesús Lorenzo Solans, se quedó estupefacto después de escuchar la narración que había hecho el alcalde de San Martín de Castañeda de la llegada a su pueblo de un grupo de soldados republicanos. Eran las 23.00 y decidió reunir a esas horas a todas las fuerzas que tenía a su cargo en esos momentos: un cabo y dos agentes. También reunió a cinco carabineros y a unos diez falangistas de Puebla de Sanabria y del municipio de El Puente. En total serían unos veinte efectivos.

Una operación policial y un farol

De madrugada, la Guardia Civil y el resto de fuerzas nacionales se presentaron en San Martín de Castañeda. A ellos se había unido el alcalde del pueblo y su hermano Máximo que relató con todo lujo de detalles la ubicación del pajar donde estaban los republicanos y que armamento llevaban consigo. El alférez de la Benemérita distribuyó a sus hombres en las «alturas y caminos» para evitar evasiones y tomó la decisión de intentar asaltar el pajar a la mañana siguiente. Hacerlo en plena noche tenía sus riesgos.

A primera hora de la mañana del 8 de noviembre, el alférez de la Guardia Civil se aproximó al pajar acompañado por el alcalde y otros guardias. A voz en grito, se identificó como el comandante militar de la zona asegurando que el pajar estaba rodeado por cientos de efectivos de la Benemérita, de Carabineros y de falangistas de la provincia. Con vez enérgica se tiró este farol asegurando que de no entregarse, asaltarían el pajar por la fuerza.

Dentro del pajar se vivieron momentos de una gran tensión. José Huertos y otros tres más se mostraron dispuestos a rendirse, otros como José Rodríguez dijo que prefería «morir» a caer en manos de los franquistas. El resto se mostraban dudosos. Nuestro hombre decidió salir del pajar para parlamentar directamente con el alférez de la Guardia Civil buscando una solución pacífica y evitar un derramamiento de sangre. Salió con los brazos en alto identificándose como capitán de milicias y uno de los jefes del grupo de republicanos. Admitió que estaban en San Martín de Castañeda casi por accidente porque su verdadero propósito era huir a la frontera con Portugal porque ya estaban «cansados de la guerra».

Huertos le dijo al alférez de la Guardia Civil que él se rendía sin ningún género de dudas y le propuso entrar nuevamente en el pajar para intentar convencer a sus compañeros. La única condición que puso el oficial de Correos para intentar negociar la entrega fue que se «respetara la vida» de todos los republicanos. El oficial de la Benemérita se encogió de hombres y aseguró que esa decisión no le correspondía a él sino a la «justicia», sin embargo sí pudo asegurar que los republicanos estarían a «salvo» mientras estuvieran a su cargo. Huertos dio su «palabra de honor» de que haría todo lo posible para que no se produjera un enfrentamiento armado.

Un minuto después Huertos entró de nuevo en el pajar. Comentó muy rápidamente las impresiones que le había sugerido aquel alférez de la Guardia Civil y su compromiso de respetar su vida mientras estuvieran a su cargo. Tras unos momentos de dudas, finalmente todos los fugitivos accedieron a entregarse. Eran las 7.30 de la mañana. Uno a uno fueron saliendo en el pajar con los brazos en alto hasta que fueron desarmados por las fuerzas del orden público tras un minucioso cacheo. Por ejemplo, a José Huertos, además de retirarle su pistola Astra, también le despojaron de una cartera de piel donde tenía su carné de Correos, expedido a su nombre en Madrid con número 2.406. También le quitaron unas veinte fotografías de sus familiares que llevaba consigo en la cartera (nunca más las volvería a ver) y varios billetes del Banco de España.

El fin de una aventura

Los detenidos fueron trasladados esa misma mañana al cuartel de la Benemérita de Puebla de Sanabria donde les interrogaron uno a uno. Huertos fue el primero en responder a las preguntas de la Guardia Civil, mostrándose colaborador en todo momento y reconociendo que estaba ya cansado de la guerra. Nuestro hombre no tuvo inconveniente en facilitar su identidad real y los interrogadores, sin embargo, algunos de sus compañeros se negaron a dar su verdadero nombre debido a las responsabilidades políticas que habían tenido durante la contienda.

Al mediodía se presentó en el cuartel el jefe de la Guardia Civil de la comandancia de Zamora que había sido informado por teléfono de los hechos de San Martín de Castañeda. Llegó acompañado por una fuerza muy numerosa de guardias civiles que se hicieron cargo de los detenidos esa misma mañana, trasladándoles hasta el Gobierno Militar de la ciudad zamorana donde prestarían nuevamente declaración. Hemos averiguado que el 9 de noviembre fueron encerrados en la prisión provincial, un edificio que en la actualidad no existe, pero que estaba situada donde se encuentra hoy en día la subdelegación del Gobierno.

Dos días después de su encierro, Huertos y el resto de fugitivos republicanos prestaron declaración ante el juez instructor del juzgado militar número uno que resultó ser un joven teniente de Infantería llamado Teodosio Iglesias Hernández (perteneciente al regimiento Toledo número 26). Junto a él, actuó como su secretario otro joven soldado de complemento llamado José Martín Ramos. Ante el juez, Huertos volvió a prestar declaración ratificando lo que había dicho tres días antes ante la Guardia Civil. Admitió que había formado parte antes de la guerra del sindicato de Correos que estaba adscrito a la UGT y que carecía de licencia de armas a pesar de llevar una pistola marca Astra en el momento de su detención.

Las declaraciones del resto de prisioneros fueron de lo más variopintas. Por ejemplo, Ramón Fernández (amigo de Huertos), intentó congraciarse con el juez asegurando que para él, «el movimiento del Caudillo es el libertador de España». José Gómez admitió haber pertenecido a Esquerra Republicana antes de la guerra y que intentó escapar a Portugal por «miedo» ya que había escuchado que los «nacionales habían fusilado a 8000 soldados republicanos con ametralladoras en la playa de Santander».

El inicio de la pesadilla

El 12 de noviembre, el juez instructor firmó el auto de procesamiento contra los «diez soldados rojos que querían pasar a Portugal para regresar a la España republicana». Consideró que esos hechos eran «constitutivos de un delito de rebelión» por lo que decretó «procesamiento y prisión» a la espera de que se celebrara su consejo de guerra. Ese mismo día fue nombrado abogado defensor de los republicanos el capitán de Carabineros Juan Seisdedos Ramos que se reunió con todos ellos esa misma tarde en la prisión provincial de Zamora.

Hasta ese mismo día la opinión pública de Zamora desconocía por completo la detención de un grupo de republicanos en San Martín de Castañeda. Sin embargo, este 12 de noviembre el Gobierno Militar difundió una nota de prensa entre los periodistas locales de Castilla informando de la detención de una «partida de diez soldados rojos». A modo de ejemplo, el Diario de Burgos publicó la siguiente noticia:

«Detenidos diez individuos que querían huir a Portugal. Fuerzas del Orden, con la cooperación de Carabineros y de la Falange, han detenido a diez individuos en San Martín de Castañeda que procedían de Asturias y que pretendían huir a Portugal para ponerse fuera del alcance de las autoridades españolas».

En todos los artículos que publicó la prensa se ofrecía con detalle los nombres de los detenidos, así como la identidad del alcalde de San Martín de Castañeda y su hermano. Como veremos más adelante, supondría un error gravísimo, pero sigamos sin desvelar los detalles de lo ocurrido en la posguerra.

El día después de la publicación en prensa de las primeras noticias, la Auditoría de Guerra del Cuerpo del Ejército de la 7º División empezó a preparar el consejo de guerra contra los republicanos. El fiscal militar elaboró un informe que acusaba a los detenidos de formar una «partida armada» que tras haber luchado «contra las fuerzas nacionales en Asturias trataban de huir a Portugal para volver a Madrid y continuar su lucha». Ese informe también les acusaba de tener un comportamiento rebelde con las autoridades y que no se rindieron al primer aviso sino al tercero. Aseguraba que salieron del pajar por sentirse rodeados por la Guardia Civil con las «armas en alto y montadas» y que les convenció el que parecía «jefe de la partida», el capitán de milicias José Huertos. En su comentario final, el fiscal les acusaba de un delito de «rebelión militar» según el código de justicia militar pidiendo para ellos «de reclusión perpetua a la pena de muerte».

El juicio

El consejo de guerra tuvo lugar el 15 de noviembre de 1937 a las 10.00 de la mañana en la plaza del general Sanjurjo de Zamora. El presidente del tribunal era un teniente coronel de carabineros llamado Fructuoso Toledo Herce que durante gran parte de la Guerra Civil había actuado en varios juicios contra «enemigos» del franquismo. Durante el consejo, fiscal leyó su informe incidiendo en la «peligrosidad» que tenía «esta partida de soldados rojos». El presidente del tribunal preguntó directamente a José Huertos si realmente querían pasar a Portugal para desde allí llegar a Madrid para seguir la lucha. Nuestro hombre contestó que esto no era cierto y aclaró que «no eran una partida armada» sino un «grupo de huidos» que pretendían unirse a sus familiares. El oficial de Correos quiso dejar claro en todo momento que él no era el jefe del grupo, algo que fue ratificado por algunos de sus compañeros (no todos).

Tras unas horas de deliberación, el consejo de guerra finalmente emitió el fallo. El teniente coronel Toledo leyó en voz alta la sentencia que de acuerdo con el «código de justicia militar» decía que los republicanos habían cometido un delito de «rebelión militar» por formar parte de una partida «militarmente organizada, similar a otras similares que hay en la región». Decía que el fin de los «procesados era favorecer una rebelión marxista y marchar a Portugal para trasladarse después a zona roja. La sentencia decía que les condenaba a «pena de muerte» con el «agravante de su peligrosidad y trascendencia de los hechos».

Imaginamos que la lectura de aquella sentencia supuso un batacazo enorme para Huertos y el resto de sus compañeros. No es especificó el día exacto en el que serían ejecutados, pero sí se anunció que todos los bienes y dinero que llevaban consigo se entregarían al tesoro nacional mientras que el armamento y las granadas de mano que les habían retirado serían llevados al arsenal de Zamora. Durante los días posteriores, el abogado de los detenidos intentó de todas las maneras posibles que Franco y las máximas autoridades de su Gobierno tuvieran «clemencia» con los prisioneros, pero todas sus gestiones fueron infructuosas.

El 19 de noviembre de 1937 (cuatro días después de la sentencia), Franco dio el «enterado» de las penas capitales de Zamora y así se lo comunicó al tribunal a través de un telegrama enviado por su asesor jurídico. Después de aquello, las pocas esperanzas que tenían los republicanos se esfumaron de un plumazo. El 23 de noviembre, un escrito del Gobierno Militar de Zamora anunciaba que el fusilamiento se llevaría a cabo al día siguiente a primera hora de la mañana (06.30h) en las inmediaciones del cementerio de San Atilano. Se formó un piquete de ejecución formado por 150 soldados del Regimiento de Infantería de Toledo número 26, mandados por un capitán. La Guardia Civil se encargaría de la custodia y traslado de los presos al cementerio.

A las 23.00 de este 23 de noviembre se presentó en la prisión provincial de Zamora el juez instructor del caso, el teniente Teodoro Iglesias junto con veinte guardias civiles para hacerse cargo de los procesados y notificarles que serían fusilados a la mañana siguiente. Iba acompañado por un alférez médico de complemento, Didimo Temprado Martínez por si tuviera que tratar a alguno de los prisioneros, sobre todo por crisis de ansiedad. Algunos de los detenidos como José Huertos firmaron con resignación la sentencia, otros como su amigo Ramón se negaron completamente por lo que tuvo que firmar en su lugar en calidad de «testigos» una pareja de la Guardia Civil.

Los diez prisioneros fueron conducidos a la sala «de capilla» de la prisión donde algunos pidieron «auxilios espirituales» al sacerdote de la cárcel mientras que otros optaron por escribir sus últimas voluntades a su familia. Algunos de ellos, con el fin de ser identificados tras la Guerra Civil por sus familiares, explicaron a las autoridades que habían dado nombres falsos. Fue el caso de Andrés Martín San Cecilio cuyo nombre real era Timoteo o José Rodríguez Rodríguez cuya identidad verdadera era José García González. Hemos averiguado que este último escribió dos cartas de despedida a María González (en Pola de Lena) y a Nieves García, en Gijón, en concreto a la confitería San Miguel, situada en el número 47 de la calle Menéndez Valdés.

A la mañana siguiente, efectivos de la Guardia Civil trasladaron en dos camionetas a los procesados hasta el cementerio de San Atilano entregándoles a los soldados que formaban parte del piquete de ejecución. Los diez fueron fusilados a las 06.31 de la mañana, siendo reconocidos sus cuerpos sin vida por el médico Didimo Temprano que emitió los certificados de defunción correspondientes. La causa de la muerte de todos ellos había sido por «shock traumático» debido al fusilamiento. El juez instructor mandó enterrar los cuerpos en este cementerio, en concreto en el cuartel de Santa María de Horta, fila tercera, número 88, clase 6.

Un suceso tras la Guerra Civil

Hemos sabido a través del portal www.presos.org que en la posguerra tuvo lugar un suceso bastante oscuro que estuvo relacionados con los hechos que hemos narrado en este artículo. En junio de 1945 una partida de maquis de la Federación de Guerrilleros de León y Galicia secuestró a Andrés López Román, el alcalde de San Martín de Castañeda cuya actuación en 1937 propició el arresto de los diez republicanos que murieron fusilados en Zamora. Aquellos guerrilleros llevaron al monte a López Román, le cortaron una oreja y le mataron a tiros. Dejaron una nota dirigida a las autoridades franquistas que decía lo siguiente:

«Cuando en el mes de noviembre de 1937, soldados de la República trataban de ponerse a salvo de las hordas franco-falangistas, este vil canalla, entregado al servicio del capitalismo, traicionó y les entregó a los asesinos más grandes de todos los tiempos que les sometieron a los mayores martirios dándoles muerte más tarde. Estos honrados trabajadores no tenían más delito que defender un Gobierno legalmente constituido. Los guerrilleros españoles haciendo honor a la causa, hacen justicia y vengan la muerte de sus hermanos de clase. Nosotros vamos contra todo fascista recalcitrante, traidores y chivatos. La eliminación que se vaya enterando el que tenga cuentas que saldar».

Fuentes consultadas

• Archivo Militar IV del Ferrol. Causa número 2.051. Juicio sumarísimo contra diez individuos por el delito de rebelión militar.
• Centro Documental para la Memoria Histórica de Salamanca. Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Ficha de José Huertos: 71, 2318936
• Hemeroteca Nacional: La Voz, 26 de noviembre de 1926; Ahora, 12 de abril de 1937.
  Biblioteca Prensa Histórica: Diario de Burgos, 12 y 13 de noviembre de 1937; Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo, 15 de junio de 1938.
• Biblioteca Virtual de la Defensa. Boletín Oficial del Estado 30 de junio de 1938.
• Web: http://www.presos.org
• Testimonio oral de un familiar de los fusilados que ha preferido permanecer en el anonimato.

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